Este viernes la huelga se da por que se da. Y es que así lo ratificó la CUPE-OSBQ al referirse al ya anunciado paro de trabajadores del sector de la educación. Lo harán a pesar de que el gobierno provincial esté en su proceso de aprobar una legislación que los multará si van a huelga y además les impondrá un acuerdo colectivo (se espera que este se apruebe hoy jueves luego de pasar por el legislativo). Pero esta no es la primera vez que en Ontario se legisla un acuerdo, y los antecedentes históricos, así como conocer el pedido integral del sindicato y observar las fuerzas sociales y políticas pueden ser claves fundamentales para entender la actual tensión entre uno de los sindicatos más grandes de la provincia y el gobierno. 

En términos salariales
Antes de abordar las claves es importante recordar que después de aproximadamente cinco meses de negociaciones (en las que se ha puesto sobre la mesa las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la educación, la infraestructura educativa y las inversiones en la educación misma) las posturas parecen irreconciliables.

En términos de condiciones de trabajo, desde el inicio la CUPE ha pedido un aumento salarial anual del 11.7 por ciento para educadores de primera infancia en cada clase de jardín de infantes, cinco días adicionales pagados antes del inicio del año escolar, 30 minutos de tiempo de preparación diario pagado, un aumento en el pago de horas extras y una inversión de $100 millones en la creación de nuevos empleos. 

En contraposición la última oferta del gobierno del Premier Doug Ford es un acuerdo de cuatro años que incluye un aumento anual del 2,5% para quienes ganan menos de $43,000 y un aumento 1,5% para los que ganan más. Además un financiamiento a través del Fondo de Apoyo a los Estudiantes, estimado para apoyar hasta 875 docentes y entre 1.600 y 1.830 trabajadores de la educación.

Pero no solo se trata de salarios

La CUPE platea al gobierno que garantice: suficientes asistentes educativos, un educador de la primera infancia en cada salón de clases de kindergarten, suficientes bibliotecarios, suficientes conserjes, trabajadores de mantenimiento y comerciantes para comenzar a abordar la acumulación de reparaciones de $ 16 mil millones, dotación adecuada de secretarias en las oficinas escolares y suficientes supervisores en el comedor. 

“Esta negociación no solo es sobre el salario, sino que los medios dicen eso para poner al público en contra de nosotros. Pero incluso si así fuera somos los empleados públicos peor pagados…,muchos de mis compañeros tienen dos trabajos para sobrevivir” dijo Bruno Petraglia, trabajador de mantenimiento en Ryerson Community School y afiliado a la filial 4400 de la CUPE. 

Esto lo apoyó también Sergio Pochón, vicepresidente de la Unidad 24 de Negociación de Custodia y Mantenimiento de la Ontario Secondary School Teachers' Federation (OSSTF) quien manifestó que el gobierno ha presentado la legislación apelando a la sensibilidad del público por la pos pandemia. Manifestó además que su sindicato apoya las peticiones de CUPE. 

Un guion que suena conocido, ley de regreso al trabajo
“Esta es una maniobra que la han realizado varios gobiernos conservadores y liberales… es un esquema que se viene haciendo desde los años 90 para reducir los salarios de los empleados públicos” explicó Matías de Dovittis, recién electo School Trustee por el TDSB del distrito 4 al explicar que el gobierno “busca ir a paro para que haya una pelea y poder hacer este tipo de maniobra”. 

Y es que esta no es la primera vez que en la provincia se envía una ley para el retorno al trabajo. Ya en 1997, en medio de una huelga del sector de la educación que se realizó en contra de la reforma educativa propuesta por el gobierno del conservador Mike Harris hubo un intento para pedir el retorno al trabajo mediante ley. El entonces abogado del gobierno Leslie McIntosh presentó el caso de una orden judicial al juez de la corte de Ontario, pero fue denegada argumentando que no se había visto evidencia de que la huelga estuviera causando un daño irreparable. En aquel entonces unos 126.000 docentes pasaron de dar clases dentro de sus escuelas a hacer protestas fuera de ellas.  

En 2012 a través de un proyecto conocido como Ley 115 se impuso contratos a los maestros que congelaron algunos de sus salarios y limitaron su capacidad para hacer huelga, por lo que cinco sindicatos llevaron al gobierno a los tribunales. El falló resultó a favor de los sindicatos pero cuatro años màs tarde, en abril del 2016.

“Considerando que los litigios en la corte tardan años, esto le daría un margen al gobierno de imponer lo que se le antoje y que sea la corte quien decida, en tres cuatro años, elresultado de esto” dijo Pochón.

Para Dovittis incluso ahora hay que considerar que los contextos son distintos “hace 10 años el gobierno tenìa un deficit importantes. Ahora sabemos que el gobierno tiene un super ávit importante ahora, entonces no tiene un aguhero en el bolsillo…la prioridad del gobierno parece ser ayudar a la industria de construcción a generar más dinero”

¿Cómo es que se llegó hasta aquí?
Ante el anuncio de la inminente huelga que iniciará este viernes y el estar a puertas de la aprobación de la denominada Ley para mantener a los estudiantes en clase, es inevitable preguntarse cómo es que se llegó hasta aquí. 

Rafaél Gómez, Profesor y director del Centro de Relaciones Industriales y Recursos Humanos de la Universidad de Toronto piensa que esto es una tragedia. “La posición de CUPE y el Gobierno provincial es triste, porque en Ontario tenemos un sistema de relaciones laborales que es el sistema arbitral que puede resolver estos conflictos, pero en este caso el gobierno provincial no ha querido usar este sistema que está bien establecido y que podría ayudar a los dos partidos” dijo.

Mas tarde, en una entrevista de seguimiento también mencionó que se ha llegado hasta aquí en parte porque los sindicatos no han intervenido con una serie de imposiciones del gobierno como por ejemplo la obligatoriedad de la vacuna, “En algún punto esos poderes iban luego a usarse en contra también”, opinó.

Pero tanto Petraglia como Pochón fueron enfáticos en decir que “nadie quiere ir a la huela” puesto que trae consecuencias para las familias, pero sienten que no hay alternativa. 

En la opinión de Pochón la intención es incluso más grave. “La intención del gobierno crear un caos en la educación, justificar un despido masivo, privatizar… lo que dejaría a los niños en una situación precaria” dijo. 

¿Se podría volver a la mesa de negociación? 

“Es posible que CUPE pida al gobierno que abandone la ley y vaya al arbitraje…pero con el tiempo han perdido la capacidad para negociar…cuando empiezas a usar el poder que tiene el gobierno para pasar leyes y tienes una mayoría con la que puedes hacer lo que quieras es muy difícil” opinó Gómez.

Al respecto Dovittis opinó que “Si ellos (el gobierno) quisieran llegan a un acuerdo harían una propuesta que al menos cubra los niveles de inflación…estamos hablando de una reducción salarial del aproximadamente 15% (para los empleados de la educación)”

Mientras esto pasa, La Junta Escolar del Distrito de Toronto (TDSB) y otras dicen que sus escuelas estarán cerradas para el aprendizaje en persona a partir del viernes y permanecerán así mientras decenas de miles de trabajadores de la educación estén en huelga.